Ética Política y Empresarial

OBJETIVO

Medir la confianza de la población respecto a sus representantes políticos y comparar la independencia de las instituciones.

¿QUÉ ES LA ÉTICA POLÍTICA Y EMPRESARIAL?

Es el estado ideal donde el gobierno, la sociedad y el sector empresarial pueden convivir, buscando el bienestar de todas las partes, éste podría alcanzarse en la medida en que los ciudadanos confían en sus instituciones y en el buen manejo de sus contribuciones.

JUSTIFICACIÓN

Se tiene muy presente que los valores juegan un papel fundamental en el quehacer de las instituciones, y con el propósito de acercar a la población con sus representantes legítimos, el pilar está pensado en presentar datos contundentes sobre corrupción y confianza, para que se puedan desarrollar estrategias que permitan el acceso a la información respecto a gobernantes, funcionarios y prestatarios públicos, para así mantener una economía transparente y equilibrada.

Mediante los instrumentos de medición se plantea reflejar los desequilibrios que la falta de ética podría causar en las actividades económicas, así como evidenciar la mala percepción que tiene la población sobre el uso o administración que se da en los recursos gubernamentales.

INDICADORES DE MEDICIÓN

  • Participación electoral
  • Tasa de incidencia de corrupción
  • Percepción de la corrupción como acto cotidiano
  • Tasa de denuncias por actos de corrupción
  • Confianza pública en los políticos
  • Ley Orgánica de la Fiscalía General
  • Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
  • Fiscal especializado en combate a la corrupción
  • Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
  • Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción

PRINCIPALES HALLAZGOS

Los actos de corrupción, además de afectar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, provocan distorsiones que entorpecen el crecimiento económico, es por eso por lo que este pilar se evaluó con variables relacionadas con el Sistema Anticorrupción y la confianza hacia algunos organismos públicos. El INDI 2021 toma en cuenta la participación electoral como un reflejo de la confianza que tiene la ciudadanía en los actores políticas y el sistema electoral, Yucatán tuvo el mejor desempeño en este indicador ya que presentó una participación del 72.2% en los entornos urbanos, mientras que Sonora presentó el 49.6% de participación. Los porcentajes a nivel estatal reflejan la necesidad de fortalecer el sistema electoral para motivar a la ciudadanía a involucrarse en los procesos electorales.

Respecto a la población que percibe la corrupción como acto cotidiano, Yucatán tuvo el mejor desempeño con el 70.92% de la población con dicha percepción, mientras que en Tabasco el porcentaje se eleva hasta el 91.77%. A nivel nacional, el promedio es de 85.29%, lo cual sugiere que la corrupción continúa siendo un acto normalizado y que se necesitan acciones concretas para contrarrestar esta tendencia. En el mismo sentido, se tomó en cuenta la población adulta que sufrió algún acto de corrupción con alguna autoridad, en este indicador Guanajuato tuvo el mejor desempeño con el 56.59% y Durango tuvo el menor desempeño con el 92.69%, de nueva cuenta estos porcentajes reflejan la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan la integridad de los servidores públicos.

RESULTADOS – ÉTICA POLÍTICA Y EMPRESARIAL

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PROPUESTAS O INICIATIVAS

  1. Promover valores democráticos y fomentar el ejercicio del voto, utilizando mecanismos de educación ciudadana sobre el proceso electoral, que permitan un mayor entendimiento sobre las elecciones y una visión positiva respecto a la participación ciudadana en los procesos.

  2. Generar confianza entre la ciudadanía en las instituciones y procesos, a través de la difusión de los sistemas y procesos de denuncia.

  3. Disminuir la impunidad, incentivando sistemas de denuncias, procesos de investigación y sanción a servidores públicos responsables.

  4. Evaluar constantemente la efectividad de las medidas anticorrupción inscritas en la política nacional anticorrupción.

  5. Transparentar los programas gubernamentales, el presupuesto asignado, indicadores de desempeño y padrones de beneficiarios.

  6. Diseñar políticas públicas anticorrupción con enfoque de género.

  7. Atender denuncias oportunamente, e iniciar las investigaciones correspondientes para evitar la prescripción de los delitos.

  8. Dar atención efectiva a las víctimas de corrupción a través de mecanismos adecuados.

  9. Diseñar indicadores, con el fin de evaluar periódicamente la capacidad del sistema de justicia, su imparcialidad y efectividad.