OBJETIVO
Medir la confianza de la población respecto a sus representantes políticos y comparar la independencia de las instituciones.
¿QUÉ ES LA ÉTICA POLÍTICA Y EMPRESARIAL?
Es el estado ideal donde el gobierno, la sociedad y el sector empresarial pueden convivir buscando el bienestar de todas las partes. Esta situación idealista podría alcanzarse en la medida en que los ciudadanos confíen en sus instituciones gracias al buen manejo de sus contribuciones por parte del gobierno y la satisfacción de las necesidades comunitarias.
JUSTIFICACIÓN
En Nación Incluyente se tiene muy presente que los valores juegan un papel fundamental en el quehacer de las instituciones y que la población debe ser cercana a sus representantes para exigir resultados. El pilar presenta datos sobre corrupción y confianza en instituciones públicas, para que se puedan desarrollar estrategias que permitan el acceso a la información pública de gestión, funcionarios y prestatarios públicos. Lo anterior, podría ayudar a crear una economía transparente y disminuir los actos de corrupción.
Mediante los instrumentos de medición se plantea reflejar los desequilibrios que la falta de ética podría causar en las actividades económicas, así como evidenciar la mala percepción que tiene la población sobre el uso y administración de los recursos públicos.
INDICADORES DE MEDICIÓN
- Participación electoral
- Tasa de incidencia de corrupción
- Percepción de la corrupción como acto cotidiano
- Tasa de denuncias por actos de corrupción
- Confianza pública en los políticos
- Ley Orgánica de la Fiscalía General
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- Fiscal especializado en combate a la corrupción
- Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
- Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción
PRINCIPALES HALLAZGOS
Los actos de corrupción, además de afectar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, provocan distorsiones que entorpecen el crecimiento económico, es por eso por lo que este pilar se evaluó con variables relacionadas con el Sistema Anticorrupción y la confianza hacia algunos organismos públicos. El INDI 2023 toma en cuenta la participación electoral en 2021 como un reflejo de la confianza que tiene la ciudadanía en los actores políticas y el sistema electoral. Tlaxcala tuvo el mejor desempeño en este indicador ya que presentó una participación de 65.8% en los entornos urbanos; en el extremo contrario, Baja California presentó 37.7% de participación. Los porcentajes estatales reflejan la necesidad de fortalecer el sistema electoral para motivar a la ciudadanía a involucrarse en los procesos electorales.
Respecto a la población que percibe la corrupción como acto cotidiano, Querétaro tuvo el mejor desempeño con 64.42% de la población con dicha percepción, mientras que en Jalisco el porcentaje se eleva hasta 90.71%. A nivel nacional, el promedio es de 84.64%, lo cual sugiere que la corrupción continúa siendo un acto normalizado y que se necesitan acciones concretas para contrarrestar esta tendencia. En el mismo sentido, se tomó en cuenta la población adulta que experimentó algún acto de corrupción al realizar un trámite público, en este indicador Baja California Sur tuvo el mejor desempeño con 5.22% y Quintana Roo tuvo el menor desempeño con 20.41%, es decir, 1 de cada 5 personas que realizaron un trámite público experimentaron un acto de corrupción. De nueva cuenta estos porcentajes reflejan la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan la integridad de los servidores públicos y disminuyan la cultura de la corrupción en la población general.
Un indicador que podría conjuntar la confianza en las instituciones públicas y los actos de corrupción es el porcentaje de personas que experimentaron un acto de corrupción, pero no denunciaron. Nuevo León obtuvo el mejor desempeño en este indicador puesto que 68.92% de las personas que experimentaron un acto de corrupción no denunciaron, le sigue Campeche con (69.79%). Por otro lado, en Tlaxcala 95.81% y en Hidalgo 97.07% no denunciaron. Los porcentajes dan cuenta de la normalización de la corrupción y la falta de confianza en las autoridades para denunciar este tipo de delitos que afectan el funcionamiento de la administración pública. Además, deterioran la calidad de vida debido a que los recursos no se invierten para satisfacer las necesidades de la población.
Sobre los sistemas estatales anticorrupción, ya se encuentran instalados en las 32 entidades, según datos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, los congresos locales ya hicieron las adecuaciones legislativas, se conformaron los comités coordinadores y se designaron a las personas encargadas de la secretaría ejecutiva. Sin embargo, en Baja California y Baja California Sur aún no se designa a la persona encargada de la fiscalía especializada en combate a la corrupción. Después, de estos logros habrá que supervisar el funcionamiento de estos sistemas, así como su impacto en los actos de corrupción para hacer las modificaciones necesarias para que contribuyan a cambiar la normalización de la corrupción.
Según el más reciente informe de Transparencia Internacional, México por tercer año consecutivo no mejora su puntuación en el Índice de Percepción de Corrupción, y es considerado
con altos niveles de corrupción con una puntuación de 31 en una escala donde 0 es altamente corrupto y 100 es sin corrupción, esto representa el lugar 126 de 180 países. En ese sentido, habría que reconocer el esfuerzo de Querétaro, Yucatán y Campeche por haber alcanzado en los primeros lugares en el Pilar de Ética Política y Empresarial.
RESULTADOS – ÉTICA POLÍTICA Y EMPRESARIAL
PROPUESTAS O INICIATIVAS
- Promover valores democráticos y fomentar el ejercicio del voto, utilizando mecanismos de educación ciudadana sobre el proceso electoral, que permitan un mayor entendimiento sobre las elecciones y una visión positiva respecto a la participación ciudadana en los procesos.
- Generar confianza entre la ciudadanía en las instituciones y procesos, a través de la difusión de los sistemas y procesos de denuncia.
- Disminuir la impunidad, incentivando sistemas de denuncias, procesos de investigación y sanción a los servidores públicos responsables.
- Evaluar constantemente la efectividad de las medidas anticorrupción inscritas en la política nacional anticorrupción.
- Transparentar los programas gubernamentales, el presupuesto asignado, indicadores de desempeño y padrones de beneficiarios.
- Diseñar políticas públicas anticorrupción con enfoque de género.
- Atender denuncias oportunamente, e iniciar las investigaciones correspondientes para evitar la prescripción de los delitos.
- Dar atención efectiva a las víctimas de corrupción a través de mecanismos adecuados.
- Diseñar indicadores, con el fin de evaluar periódicamente la capacidad del sistema de justicia, su imparcialidad y efectividad.
- Certificar en estándares de competencia laboral en los temas anticorrupción a todos los funcionarios de gobierno.
- Legislar para impulsar los sistemas municipales anticorrupción en las entidades federativas.
- Mantener foros de diálogo con la ciudadanía constantemente donde planteen sus dudas, quejas o aclaraciones sobre el sistema político, así como las responsabilidad y alcances de los servidores públicos.